CAMINOS RURALES: CRECE EL RECHAZO DEL CAMPO A LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS

La decisión de habilitar a los municipios bonaerenses a utilizar recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para financiar obras contra las inundaciones generó el rechazo de las principales entidades agropecuarias. La Sociedad Rural Argentina, CARBAP y Federación Agraria advierten sobre el riesgo de que se reduzcan las inversiones en infraestructura vial.

La discusión se instaló en la provincia de Buenos Aires luego de que la Legislatura bonaerense aprobara, el pasado 20 de octubre, una modificación que permite reasignar temporalmente fondos del mantenimiento de caminos rurales para ejecutar trabajos de prevención y mitigación de inundaciones.

La iniciativa, impulsada por el legislador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, contempla una autorización excepcional por 180 días para que los municipios puedan destinar hasta el 100% de determinados recursos provenientes del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales a intervenciones hidráulicas.

Entre los trabajos que podrían financiarse se encuentran tareas de drenaje pluvial, limpieza y dragado de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento.

La medida apunta a brindar herramientas a los gobiernos locales frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño y los excesos de precipitaciones que mantienen en alerta a distintas zonas productivas bonaerenses.

PREOCUPACIÓN POR EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES

La modificación legislativa despertó cuestionamientos entre las principales organizaciones del sector agropecuario, que consideran que los recursos destinados a la red vial rural deben conservar su finalidad original.

CARBAP manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió que numerosos distritos bonaerenses ya presentan dificultades estructurales en sus caminos rurales, por lo que consideran necesario incrementar las inversiones y no reducir los fondos disponibles.

En el mismo sentido, la Sociedad Rural Argentina expresó su preocupación por la posibilidad de que se utilicen recursos asignados a una necesidad de infraestructura para atender otra, sin garantizar un financiamiento adicional.

La Federación Agraria Argentina también se sumó a las críticas y remarcó que el estado de los caminos rurales no afecta únicamente a los productores, sino también a las comunidades que dependen de ellos para trasladarse y acceder a servicios esenciales.

Las entidades coinciden en que resulta fundamental avanzar con obras hidráulicas para prevenir inundaciones, aunque sostienen que esas intervenciones deberían contar con partidas específicas y no comprometer el mantenimiento de los caminos.

UNA DISCUSIÓN QUE ATRAVIESA A LOS DISTRITOS DEL INTERIOR

El debate tiene especial relevancia para los municipios del interior bonaerense, donde la red de caminos rurales cumple un papel fundamental para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Por estas vías circulan diariamente camiones, maquinaria agrícola, trabajadores rurales, docentes, estudiantes y familias. Su estado también resulta determinante para garantizar el traslado de la producción, los insumos y la hacienda.

En períodos de lluvias intensas, los problemas de drenaje y la falta de mantenimiento pueden provocar anegamientos, cortes y dificultades de circulación que terminan afectando tanto a la actividad económica como a la vida cotidiana de las comunidades rurales.

En distritos como General Belgrano, donde la actividad agropecuaria y las condiciones hídricas forman parte de la realidad cotidiana, la discusión sobre el destino de estos recursos adquiere particular importancia.

La posibilidad de reasignar fondos abre un interrogante sobre cómo compatibilizar las inversiones necesarias para prevenir inundaciones con la conservación de una infraestructura vial indispensable para el funcionamiento del interior.

LOS MUNICIPIOS TENDRÁN LA DECISIÓN

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que la reasignación de recursos no será obligatoria. Cada municipio podrá evaluar si utiliza o no esta posibilidad, de acuerdo con sus necesidades y prioridades.

Además, la autorización alcanza a los fondos específicamente contemplados en la modificación legislativa y no supone la libre utilización de toda la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural.

La discusión plantea dos necesidades que conviven en buena parte de la provincia: mejorar las obras hidráulicas para evitar anegamientos y garantizar caminos rurales transitables durante todo el año.

Mientras se buscan herramientas para afrontar los posibles efectos de las condiciones climáticas, las entidades agropecuarias reclaman que las inversiones en infraestructura hídrica no se realicen a costa de los recursos destinados a los caminos.

El desafío para los municipios bonaerenses será encontrar un equilibrio que permita atender ambas demandas sin perjudicar a los productores ni a las comunidades del interior.